INBLAC analiza el impacto de la nueva ley de protección de denunciantes en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
El panorama empresarial y administrativo de España está a punto de experimentar un cambio significativo con la entrada en vigor de la Ley 2/2023 el lunes 13 de marzo. Esta legislación, que afecta a empresas con más de 50 empleados, establece la obligación de contar con un canal de denuncias y gestionar todas las comunicaciones recibidas por esa vía. Si bien este requisito no es del todo nuevo para los sujetos obligados a la Prevención del Blanqueo de Capitales, la ley introduce innovaciones cruciales en la manera en que se manejan estas denuncias y garantiza una protección integral para los denunciantes.
Contexto y Preparación
El Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales (INBLAC) ha desempeñado un papel central en el análisis del impacto que esta nueva normativa tendrá en las empresas y administraciones públicas sujetas a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Recientemente, su Junta Directiva se reunió en Barcelona para celebrar el décimo aniversario de su fundación y discutir las implicaciones de esta ley.
Según Francisco Bonatti, presidente del INBLAC, esta ley marca un hito importante al regular detalladamente la gestión de los canales de denuncia y al establecer un sistema completo de protección para los denunciantes. Destaca que esta legislación innovadora transformará la forma en que se aborda el comportamiento en las empresas, tanto en el sector privado como en el público.
Aspectos Clave de la Ley
Una de las características más relevantes de la nueva ley es la especificación de los canales de comunicación disponibles para los informantes. Esto incluye entrevistas personales, comunicaciones escritas por correo electrónico o sistemas informáticos, y comunicaciones verbales a través de buzones de llamadas u otros medios. Joaquín Mena, vicepresidente de formación de INBLAC, enfatiza que los informantes contarán con un estatuto especial de protección en el momento de realizar una denuncia.
La Ley 2/2023 complementa la exigencia establecida en la Ley 10/2010 para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. No solo implica una revisión interna significativa para las organizaciones, sino que también impacta profundamente en el sector público.
Implementación y Responsabilidad
Para que la ley sea efectiva, es fundamental implementar un sistema integral de protección de los denunciantes, supervisado por un directivo responsable. Este sistema garantiza la protección de la identidad y la integridad de los denunciantes. Además, establece que la responsabilidad legal recae en el órgano de gobierno de la empresa, como el consejo de administración o la junta directiva.
Un aspecto destacado es la creación de autoridades administrativas independientes a nivel nacional y autonómico. Estas autoridades velarán por la gestión adecuada de los canales de denuncia y la protección de los informantes, complementando el Canal Externo del Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales.
Cambio de Mentalidad Empresarial
La implementación de este sistema de denuncia requerirá que las empresas ajusten sus procedimientos y mentalidad para garantizar el cumplimiento y evitar infracciones. Aquellas que no inviertan en la prevención corren el riesgo de enfrentar sanciones y medidas penales o administrativas.
Este cambio es significativo, ya que amplía el catálogo de posibles riesgos de cumplimiento, abarcando no solo delitos penales sino también infracciones administrativas graves.
Una Década de Compromiso y Renovación
El INBLAC, en su décimo aniversario, ha reafirmado su compromiso con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La renovación de su Junta Directiva, con un enfoque en la paridad y la representación diversa del sector, refleja su compromiso con la excelencia y la equidad en la profesión.
Conclusiones
La entrada en vigor de la Ley 2/2023 marca un punto de inflexión en la forma en que se aborda la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España. Las empresas y administraciones públicas deben prepararse para adaptarse a esta nueva normativa, que no solo introduce requisitos adicionales de cumplimiento, sino que también promueve una cultura de transparencia y responsabilidad. Con la implementación efectiva de canales de denuncia y sistemas de protección, se espera fortalecer la integridad y la ética en el ámbito empresarial y público.
